“El Estado me está empujando a la ilegalidad”, fueron las palabras de un joven que había sido procesado por tenencia de estupefacientes por tener vencido el permiso del Reprocann. “Consumo marihuana con fines medicinales y ahora estoy aquí defendiéndome de una acusación por culpa de la burocracia”, añadió. Después de escuchar esas palabras, al analizar las pruebas de la causa y las posturas de las partes, el juez Roberto Flores dictó el sobreseimiento del hombre, marcando jurisprudencia que podrá ser utilizada en todo el país para aplacar una polémica que tiene actualidad nacional.

A partir de 2020, cuando entró en vigencia la Ley 27.350 y las posteriores adecuaciones, se creó el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). Se trata de una base de datos diseñada para anotar a quienes cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. Presentando un certificado médico en el que confirme una dolencia, cualquier argentino puede cultivar un máximo de nueve plantas y transportar 40 gramos y hasta seis goteros de hasta 30 milímetros.

La autorización tiene una duración de tres años y la renovación, en la que el solicitante debe cumplir los mismos requisitos que la inscripción, en principio debe tardar dos meses. Pero la realidad indica que la demora es de hasta cuatro meses. Ante esta situación, el cultivador tiene dos alternativas: producirla ilegalmente o conseguirla en el mercado negro. Las autoridades de la Nación sostienen que la tardanza se debe al análisis exhaustivo de la nómina de inscriptos que sería de más de 200.000 personas. Esa demora dejó desprotegidos a los cultivadores de todo el país y aceleró el tráfico de la marihuana, según confirmaron los especialistas en la materia.

La historia

R.E.O, después de la pandemia, decidió vender todo lo suyo y mudarse junto a su pareja a una pequeña localidad del interior de la provincia para transformarse en artesano y cultivador de plantas medicinales. Por padecer de estrés permanente debido a situación económica actual, que se traduce en trastornos del sueño, dolores musculares y gastritis persistente, con nerviosismo esporádico, logró que se lo autorizara a producir marihuana para consumo con fines terapéuticos.

En mayo, la Policía le informó al fiscal de Narcomenudeo Diego Hevia sobre la posibilidad de que una persona tuviera marihuana. Con orden judicial se realizó un allanamiento donde encontraron 15 plantines, ocho plantas de más de un metro, nueve frascos con flores, crema y aceite de cannabis. El propietario les mostró la documentación que lo habilitaba como cultivador y que estaba en pleno proceso de renovación del permiso, puesto que se le había vencido el 14 de febrero. La Justicia ordenó el secuestro de todo lo encontrado.

Ahí se inició proceso judicial. “Pese a que nunca fue formalmente acusado, queríamos dejar bien en claro que no había cometido ningún delito. Además, era ilógico que lo procesaran porque producía con su propia medicina y nadie le puede negar el derecho a la salud”, explicó Agustina Recalde que defendió al joven junto a Patricio Char.

Una audiencia

El martes se hizo una audiencia para definir la cuestión. Los defensores pidieron el sobreseimiento de su asistido argumentando que no tenía que afrontar ningún proceso porque no podía considerarse como ilegal que una persona cultive su propia medicina. También solicitó que se le devuelva todo el material secuestrado.

La auxiliar Andrea Sánchez, en un primer momento, se opuso al sobreseimiento afirmando que hasta el momento no se le había formulado cargo alguno, por lo que no había acusado de delito alguno y que sólo se le había informado que se había iniciado un proceso en su contra por tenencia de estupefacientes.

Al mismo tiempo solicitó al juez Flores que se declarara la incompetencia del expediente. Fundamentó su postura al asegurar que estaría encuadrada en la figura de venta de plantas medicinales sin autorización, delito que debe ser atendido por el fuero federal.

La resolución

El magistrado resolvió rechazar las pretensiones de la representante del Ministerio Público de que se declarara incompetente al considerar como insuficientes las fundamentaciones para que se cambiara de calificación legal del expediente.

Sí consideró que el joven debía ser sobreseído por dos razones. La primera, porque a pesar de no habérsele formulado cargos, “basta con el mero señalamiento por medio de la existencia de una denuncia sea policial o judicial en la formulación de querella o bien en los actos de procedimientos realizados tanto por el fiscal como por la policía, de un sujeto como autor o partícipe de un delito”.

Por otra parte, Flores reconoció que el señalado tenía vencida la autorización del Reprocann, “su pedido de renovación aún no fue respondido en tiempo y forma por el Registro Estatal, sin que ello pueda serle atribuido en perjuicio del imputado, pues, de lo contrario ingresaríamos en el terreno del exceso de ritual manifiesto”.

El juez interviniente aceptó parcialmente la devolución de lo secuestrado solicitado por la defensa. Sí ordenó la restitución de nueve plantas y de una balanza de precisión. Ordenó que todo el otro material fuera destruido.

“Este fallo es muy importante y sí marca un precedente interesante. En este caso puntual mi defendido había solicitado antes de su vencimiento la correspondiente renovación, y la demora en la misma es una situación que escapa totalmente a los cultivadores, y en ese sentido lo entendió el juez”, finalizó Recalde.

Una medida insólita: “no tendríamos que haber sido allanados si contábamos con la autorización”

“Tenemos toda la documentación para demostrar que no se está cometiendo ninguna irregularidad”, sostuvo Martin Briseño, representante legal de los investigadores cuya plantación de marihuana fue allanada el miércoles por la Policía. Pese a todas las versiones que circularon en las redes sociales y “fake news” sobre una organización criminal dedicada a la comercialización de flores de marihuana, se trata de un emprendimiento de cannabis medicinal que tiene fines científicos.

Después del mediodía, en el marco de una investigación por robo simple, policías se presentaron en el lugar. Encontraron invernaderos de unos 2.000 metros cuadrados con 553 ejemplares de cannabis sin florecer. Ante el hallazgo, comenzó a informarse de un procedimiento histórico en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, los propietarios del lugar, informaron que están  inscriptos en el Instituto Nacional de Semilla (INASE) en el marco de la ley 20.247. Está enmarcado en la categoría A, dedicado al fitomejoramiento, búsqueda e inscripción de nuevas variedades. El proyecto tiene por objeto promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la semilla que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas.

Especialistas aseguran que la mora del Estado incrementó el tráfico de marihuana

Al tomar conocimiento de esta situación, los efectivos anunciaron a los funcionarios judiciales sobre la novedad. Mientras tanto, los representantes legales del emprendimiento enviaron a las autoridades copias de la documentación. El secretario Alberto Zelaya ordenó a los efectivos retirarse del lugar sin tocar la producción ni los elementos que utilizan para el cuidado. A los propietarios les dio un plazo de 48 horas a los propietarios para que presentaran de manera física toda la documentación que acredite la habilitación del lugar.

Briseño explicó que el proyecto recién comenzaba “Son profesionales que están realizando diferentes ensayos de mejoras de los ejemplares para entregarlos a entidades científicas, que a su vez examinarán su calidad y la eficiencia de su uso medicinal”, agregó. Los emprendedores quedaron preocupados por el nivel de exposición que tuvieron a raíz de las versiones que se divulgaron. “Esperan contar con medidas de seguridad para continuar con la investigación sin quedar expuestos a robos. Trabajaremos sobre este punto”, finalizó Briseño.